El Gobierno español aprobó este martes un decreto que equipara los derechos las empleadas domésticas con los de los demás trabajadores, una medida histórica que permitirá al sector beneficiarse de las prestaciones por desempleo, del que hasta la fecha estaban excluidas.
España «salda una deuda histórica con las trabajadoras del hogar», declaró la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa brindada luego de que el Gobierno sacara un decreto para poner fin a la «discriminación» de estas trabajadoras.
Esta reforma permitirá a las empleadas domésticas beneficiarse de las prestaciones por desempleo y pondrá fin a la posibilidad de que un empleador pueda despedirlas sin justificación.
Hasta el día de hoy las trabajadoras del hogar han sido las grandes olvidadas.
Ese tiempo ha terminado: somos un país mejor, un país que protege sus derechos laborales más básicos. pic.twitter.com/C2keQl8pdu
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) September 6, 2022
Además, podrán tener un seguro de salud y acceder a sistemas de formación que les permitan mejorar «sus oportunidades profesionales y sus condiciones de trabajo», afirmó Díaz, citada por la agencia de noticias AFP.
La reforma ya había sido anunciada en marzo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considerara «contrario a derecho» una disposición española que impedía a estas trabajadoras beneficiarse de las prestaciones por desempleo.
Según la Justicia europea, esa exclusión constituye «una discriminación indirecta por razón de sexo», debido a que la mayor parte de las afectadas son mujeres.
La decisión del Gobierno fue saludada por Unión General de Trabajadores (UGT), que celebró el «avance histórico» y prometió seguir luchando por los derechos de las empleadas domésticas, muchas veces «de nacionalidad extranjera», y en particular de países de América Latina.
«Tras años de lucha, las trabajadoras del hogar serán trabajadoras con derechos», expresó, por su parte, Carolina Vidal López, de Comisiones Obreras, que contabiliza en 600.000 las personas que trabajan en este rubro en España.
Unas 200.000 siguen en la economía sumergida, por lo que no se beneficiarán de esta reforma, según el sindicato.
