A dos años de la masiva explosión que arrasó con Beirut, la capital del Líbano, familiares de las víctimas marcharon este jueves hacia el puerto siniestrado para reclamar una investigación internacional y justicia por los 200 muertos y miles de heridos.
La marcha llega un día después de que un grupo de 37 expertos en derechos humanos de diferentes ONG pidiera a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas una investigación internacional «rápida e independiente» sobre la explosión.
Además de los muertos y heridos, el estallido del 4 de agosto destruyó grandes zonas de la capital del Líbano, que desde hace años está inmerso en una crisis financiera sin precedentes, que se suma a su acostumbrada inestabilidad política.
La explosión fue provocada por nitrato de amonio mal almacenado, aunque gran parte de la población culpa a una clase dominante aferrada al poder durante décadas, acusándola de mala gestión, corrupción y negligencia grave.
Es necesaria «una investigación imparcial, exhaustiva y transparente sobre la explosión», dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, haciéndose eco de los llamamientos de oenegés, expertos y familiares de las víctimas.
Los manifestantes confluyeron este jueves en el puerto, donde, como un desafortunado recordatorio de la explosión de hace dos años, una nueva parte de los silos que contienen miles de toneladas de trigo y otros granos colapsó tras un incendio.
El derrumbe se produjo precisamente cuando las marchas de manifestantes llegaban al puerto.
«Veo la misma escena, casi desde el mismo lugar, dos años después», dijo a la agencia de noticias AFP Lama Hachem, de 30 años, en el centro de Beirut mientras observaba una nube de polvo que emanaba del puerto.
«Es impactante que la misma escena se repita frente a nosotros hoy», agregó.
Los expertos venían advirtiendo desde hace días que los silos podrían colapsar de forma inminente tras registrar índices de inclinación sin precedentes.
«No hay justicia bajo el dominio de las milicias y las mafias», se podía leer en una de las pancartas que enarbolaban los manifestantes, en referencia a la clase gobernante.
La investigación sobre las causas de la explosión sigue estancada en medio de la interferencia política, y ninguna autoridad estatal fue responsabilizada por la tragedia.
El gobierno ordenó en abril la demolición de los silos, pero la suspendió en parte por objeciones de familiares de las víctimas que quieren mantenerlos como un memorial.
El trabajo del juez a cargo de la causa, Tarek Bitar, está paralizado desde el 23 de diciembre, según fuentes judiciales.
Bitar se enfrenta en este momento a una serie de acciones legales en su contra y a una campaña liderada por el poderoso movimiento político y armado Hezbollah.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones insistieron en un llamado a la ONU para que envíe una misión de verificación.
«Ahora más que nunca resulta claro que la investigación interna no podrá hacer justicia», dijeron.
La explosión fue un momento dramático en la caótica historia de Líbano, un país inmerso en la peor crisis económica de su historia, marcada por apagones, inflación descontrolada y un desánimo generalizado.
Los apagones duran hasta 23 horas por día, las calles permanecen a oscuras por la noche y los semáforos no funcionan. La población enfrenta falta de combustible, medicamentos y agua potable.
