El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; su par de CABA, Marcelo D’Alessandro; y el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel; acordaron este jueves ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires que las manifestaciones frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta, se realicen «procurando ocasionar la menor afectación posible a los vecinos de la zona».
En un acta firmada por los tres funcionarios, concertaron que «con ese objetivo no se realizarán acampes, ni ferias, ni se emplearán fuegos artificiales ni se permitirá la instalación de parrillas».
En el escrito de entendimiento también acordaron que «se impedirá la realización de batucadas y cortes de calle».
Estas medidas se habían acordado el sábado pasado tras la represión de la Policía de la Ciudad en marcha en apoyo a la Vicepresidenta, que inicialmente estaba prevista en Parque Lezama y se trasladó a Recoleta por el vallado dispuesto por el Gobierno porteño en las inmediaciones de su domicilio.
El acuerdo «se canalizó políticamente con la presentación ante el Ministerio Público Fiscal», indicaron a Télam fuentes del Gobierno nacional.
«Aníbal Fernández había solicitado evitar que hubiera en la zona la Policía de la Ciudad y del Gobierno porteño que se morigeraran las expresiones, y se consiguió con diálogo político», añadieron.
Asimismo, consignaron que «queda ahora personal de Tránsito de la Ciudad y la Policía Federal solamente en ese sector del barrio».
La convocatoria del Ministerio Público Fiscal a los gobiernos nacional y de la Ciudad se dio luego de distintas denuncias «para generar pautas de convivencia al respecto de las manifestaciones en la casa de la vicepresidenta», refirieron por su parte voceros del Gobierno porteño.
En ese sentido, destacaron que «se definieron criterios claros que van a impedir que se afecte el normal desarrollo de la vida de los vecinos de la zona».
«Esto es una ratificación, en la Justicia, de los criterios de orden público que la Ciudad llevó adelante en todo el manejo de este tema», completaron.
La vigilia en Recoleta de los manifestantes kirchneristas en apoyo a la Vicepresidenta comenzó el lunes 22 de este mes, luego que el fiscal Diego Luciani solicitara en el alegato que formuló en el juicio de la obra púbica en Santa Cruz una condena de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos para la expresidenta.
