La defensa de De Vido afirmó que se persigue a un «sector político» con un «relato»
La defensa legal de Julio De Vido sostuvo este lunes que en la causa «Vialidad» se violaron «todas» las garantías constitucionales y que la Fiscalía construyó «un relato» para «perseguir a un sector político» y aseveró que el Tribunal tiene la «obligación procesal y ética» de absolver al exministro de Planificación Federal del kirchnerismo.
«Creemos que el Tribunal va a tener la obligación procesal, ética y constitucional de absolver a Julio De Vido», advirtió el abogado del exfuncionario, Maximiliano Rusconi, apenas iniciado el alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 en el debate por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Rusconi abrió su exposición, que se extenderá hasta este martes, con el reclamo de absolución y cuestionó la actuación de los jueces, fiscales y también de sectores de la prensa, a la hora de construir un «relato» sin pruebas. Todo derivó en que se ha «perdido toda la fe en el Estado de derecho», dijo.
«La sensación que nos embarga es que no tenemos ninguna expectativa lamentablemente de que el Tribunal juzgue y tome nota de la enorme violación de garantías constitucionales que ha tenido este debate», enfatizó.
El abogado sostuvo que a lo largo de casi tres años de juicio se demostró que «no ha habido ninguna irregularidad en la administración del Presupuesto Nacional» a la hora de adjudicar las 51 obras públicas cuestionadas a empresas del acusado Lázaro Báez.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola «decidieron ir por el camino del relato, construido artificialmente para perseguir a un sector político»
«Hemos vivido en los últimos años la utilización política del sistema penal. Todos sabemos que esto ha sucedido», dijo y señaló que también participó «cierto sector de los medios». Rusconi recordó la serie «La Mujer Maravilla»: cuando «ella tiraba de la soga, tenían que decir la verdad. Si esa soga nos rodeara a todos nosotros, sabríamos decir que todos hemos sido parte, algunos para enfrentarla y otros han sido parte», relató.
«Este juicio es un ejemplo contundente de lo que no hay que hacer», dijo también al evaluar que «no están claros los hechos, no está clara la prueba de cargo y no se ha valorado la prueba de descargo»
Al promediar la mañana, y tras un breve receso de cinco minutos para tomar agua, el abogado tuvo un cruce con Rodrigo Giménez Uriburu, juez integrante del TOF 2 junto a Jorge Gorini y Andrés Basso.
El letrado había recordado poco antes que Giménez Uriburu mostró en la audiencia del 8 de agosto último un mate con el logo del equipo de fútbol con el que disputó al menos un partido en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri.
Giménez Uriburu respondió a ese comentario con una explicación donde rechazó algún tipo de intención de provocar con ese gesto, en medio del alegato del defensor, algo que cuestionó Rusconi como una irregularidad más en el debate.
En otro tramo, del alegato, Rusconi aseguró que junto a su colega Gabriel Palmeiro demostrarán «con absoluta contundencia» que la acusación del Ministerio Público Fiscal, que reclamó diez años de cárcel para De Vido, fue un «total fracaso»
Palmeiro concluyó la primera jornada de alegato con un análisis de las resoluciones que se firmaron en relación a las obras cuestionadas.
El juicio, que se realiza a través de la plataforma Zoom, seguirá este martes con la continuidad del alegato de la defensa de De Vido; el viernes será el turno del también procesado exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación Abel Fatala y para el lunes de la próxima semana se prevé el inicio del alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los fiscales pidieron una condena de diez años de prisión para De Vido por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.
Para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la fiscalía solicitó 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La misma cantidad de años de cárcel solicitó para el empresario Lázaro Báez y requirió penas de menor cuantía para exfuncionarios nacionales y provinciales.
Los alegatos de las defensas comenzaron la semana pasada, luego del intento de homicidio contra la Vicepresidenta en inmediaciones de su casa, cometido el jueves 1 de septiembre y por el cual hay hasta el momento dos detenidos.
En el juicio se debaten las supuestas maniobras para beneficiar a Báez con adjudicaciones de obra pública nacional y otras presuntas irregularidades a través de la firma «Austral Construcciones».